Respira
Por Yohali Reséndiz
Sábado 14 de diciembre de 2024. Mariana, de 37 años, comenzó a sentir un dolor abdominal insoportable, acompañado de vómitos frecuentes. Miró el reloj: marcaban las ocho de la noche. Tomó su celular y buscó el hospital más cercano. Leyó:
“Hospital Grand Medical, clínica de especialidades, Avenida Sánchez Taboada número 9408, colonia Sánchez Taboada Produtsa, código postal 22185, Tijuana, Baja California”.
Como pudo, se trasladó al lugar. Minutos después fue atendida por el doctor César Ayala Espejel, quien ordenó una prueba de sangre y un ultrasonido. Mariana nunca vio los resultados ni recibió copia alguna del laboratorio.
El diagnóstico: colecistectomía laparoscópica por coledocolitiasis aguda.
La propuesta médica fue una intervención de emergencia. Para ello, Mariana debía firmar la autorización de hospitalización y el consentimiento quirúrgico.
Al día siguiente entró a quirófano. El médico Jesús López, con el apoyo de la enfermera Dalia —quien además extendía los recibos de cobro—, se hizo cargo del procedimiento.
Cuando Mariana despertó, el mismo médico que la operó le informó que todo había salido bien y que, aprovechando, también le había extirpado un ovario, pues —según él— tenía quistes.
Aún bajo el efecto de la anestesia, Mariana, desconcertada, pidió los estudios que supuestamente justificaban esa decisión. Preguntó también quién había autorizado la cirugía. En minutos, la enfermera y el doctor Ayala Espejel le respondieron que, por “cuestiones éticas”, habían tomado la decisión y que el médico Jesús López, sin consentimiento, procedió a extraerle el ovario. Acto seguido, le mostraron el frasco que contenía su apéndice… y su ovario.
Mariana estaba en shock. Jamás había autorizado ese procedimiento. En ninguna de sus consultas ginecológicas previas le habían dicho que tenía quistes. Sin un ovario, su deseo de ser madre se vería comprometido. Rompió en llanto.
El 16 de diciembre de 2024, el doctor Ayala Espejel le entregó el acta de egreso. Antes de dejar el hospital, el personal administrativo le exigió el pago por todos los servicios, incluyendo la cirugía no autorizada del ovario.
Los cobros fueron:
- Hospitalización, laboratorio y consulta: $5,000
- Cirugía de urgencia: $10,700
- Laparoscopía: $28,120
- Hospitalización por cirugía de ovario: $10,000
- Total: $53,820 (cincuenta y tres mil ochocientos veinte pesos)
Mariana no pudo pagar la cirugía del ovario que nunca autorizó. Se le obligó a firmar, bajo protesta de decir verdad, un pagaré por $10,000 a nombre del representante legal de Eternal Beauty 4 Me S.A. de C.V.
Cuando solicitó que le entregaran su ovario, el personal administrativo le informó que debía pagar $3,500 por la devolución de cada órgano. Como no tenía el dinero, tomó una fotografía del frasco con su celular y se retiró.
Durante el reposo, siguió las indicaciones del doctor Ayala. Al principio pensó que los malestares eran normales tras dos cirugías. Pero todo empeoró: fiebre de hasta 40 grados, inflamación, enrojecimiento, y heridas que supuraban pus y sangre. Estaba infectada.
El 23 de diciembre acudió a la Unidad Médica Reforma. El doctor Francisco Pérez Rubalcaba le solicitó un examen de microbiología. El resultado: infección por Klebsiella oxytoca, una bacteria hospitalaria.
Han pasado más de seis meses. Mariana sigue con fiebres constantes, dolor, ardor en la zona operada y alteraciones hormonales. Su ciclo menstrual cambió por completo. Su vida laboral se detuvo. Ya ha gastado más de $70,000 pesos en atención médica.
En marzo de 2025 interpuso una denuncia formal contra el hospital, los doctores y la enfermera. La Fiscalía General del Estado en Tijuana no ha atendido con seriedad el caso. Todo apunta a respaldo institucional… e impunidad.
Y entonces:
¿Por qué se tolera la negligencia médica criminal en México?
¿Qué relación tiene una laparoscopía por vesícula con la extirpación de un ovario?
¿Por qué nunca se le mostraron a Mariana los estudios que supuestamente justificaban la cirugía?
¿Dónde está el ovario de Mariana? ¿Cuál fue su destino? ¿Por qué le negaron su devolución?
¿Por qué la Fiscalía en Tijuana ha mantenido congelada la carpeta de investigación contra el Hospital Grand Medical?
¿Por qué el expediente judicial 0202-2025-07429, a cargo de la agente del Ministerio Público María Soledad Aguirre y de la agente ministerial Evangelina Quevedo Encinas, permanece archivado?
Mariana ha entregado pruebas documentales y científicas de un hecho a todas luces delictivo.
¿Seguirán los médicos César Ayala Espejel y Jesús López Domínguez extirpando ovarios sin consentimiento a las pacientes del Hospital Grand Medical de Tijuana?
¿Omisión médica… y ahora negligencia ministerial?
¿Qué habría hecho la agente del Ministerio Público si la víctima fuera su hija, hermana o ella misma?
Lo que vivió Mariana no puede repetirse. Urge que se sancione a los responsables. Es momento de sentar un precedente en todo el país.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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