Respira
Por Sonia Serrano Íñiguez
Desde que fue localizado por primera vez el rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, en Jalisco, en septiembre de 2024, y la publicación del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco de las imágenes con decenas de pares de zapatos amontonados en uno de los salones de ese lugar, transcurrieron seis meses en los que no hubo investigaciones ni actuaciones de las autoridades. Un vacío total que apuntaba hacia la impunidad.
Según la información que ha trascendido en las últimas semanas, el rancho fue intervenido el año pasado por la Guardia Nacional y la Fiscalía del estado. El resultado, ya se ha mencionado, fue la detención de diez personas, la liberación de dos víctimas y el hallazgo de un cuerpo “emplayado”.
Después, no ocurrió nada.
El 31 de marzo pasado, la Fiscalía del estado de Jalisco envió un comunicado de prensa en el que informaba que “tras exhaustivas investigaciones” se había imputado por el delito de desaparición cometida por particulares a las diez personas detenidas el 18 de septiembre de 2024 en el rancho Izaguirre. Eso sí, en el breve texto se aclara que se les dictó prisión preventiva porque “continúan siendo señalados por otros hechos y por otras víctimas”.
La imputación de los detenidos ocurrió después que las investigaciones ya habían sido asumidas por la Fiscalía General de la República.
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