Respira
Por Sonia Garza Gonzalez
En línea con la Agenda 2030, cuyo llamado universal se vincula con la promoción y adopción de medidas para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar que las personas gocen de paz y prosperidad, la Economía Social surge como un modelo alternativo que promueve el desarrollo inclusivo y sostenible.
Dicho modelo se ha podido aplicar en diferentes partes del mundo, conforme políticas conceptuales, de operación y de medición, propias de cada país. En México, la Economía Social congrega empresas de propiedad colectiva, basadas en relaciones de cooperación, reciprocidad y distribución de la riqueza. Se rige por la Ley de Economía Social y Solidaria, publicada en 2012, la cual avala la existencia de organizaciones sociales denominados Organismos del Sector Social de la Economía: ejidos, comunidades, organizaciones de trabajadores, sociedades cooperativas, empresas que pertenecen mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.
En territorio nacional hay más de 5,500 Empresas Sociales, que en conjunto aportan 1.6% del PIB nacional y generan 1.7 millones de empleos remunerados, de acuerdo con datos del INEGI, en la publicación del documento Estudio de caso de la economía social 2013 y 2018, donde se destaca su importancia al ser una alternativa de desarrollo económico en zonas rurales e indígenas de mayor rezago social, debido a su efecto frente a la pobreza, ya que permite a pequeños productores asociarse para evitar el intermediarismo de los “coyotes” que acaparan y fijan precios bajos, así como crear empresas de valor agregado sobre sus productos. Estas acciones mejoran de manera inmediata el ingreso para quienes se asocian y participan en las empresas de la economía social.
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