Respira
Por Sandra Romandía
Hace poco más de dos años escuché la primera versión de esta historia. No en una sala de redacción, ni en un expediente judicial, sino en los pasillos de un hospital público, al que acudí por un tema personal. Saludé a un par de amigos médicos —esos que siempre tienen en la lengua la punta de un escándalo que todavía no llega a las planas— y me mencionaron algo que me dejó helada: “Hay ventiladores que podrían estar liberando partículas tóxicas”. ¿Cómo? ¿En pleno uso hospitalario? “Sí, son Philips, y si eso se confirma, será un escándalo internacional”. Tomé nota mental, como toda reportera que almacena archivos invisibles. Pero otros incendios (en sentido figurado) ardían en la agenda del país: la violencia electoral, los desaparecidos, los fraudes de siempre. Así que lo dejé en pausa.
Hasta esta semana.
La investigación publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y firmada por la periodista Valeria Durán no sólo confirmó lo que mis amigos médicos me advirtieron hace años: lo superó con creces. Más de dos mil ventiladores distribuidos en 255 hospitales públicos y privados de México, defectuosos, con riesgo potencial de liberar espuma tóxica que podría provocar cáncer, daños pulmonares y otras afectaciones serias a la salud. Equipos utilizados no en una sala de simulación, sino en plena pandemia, conectados a madres, padres, hijos... en momentos en que el ventilador (no contaminante) era la diferencia entre la vida y la muerte.
Y lo peor: muchos de esos aparatos siguen ahí. Silenciosos. Letales.
En el argot periodístico, hablar contra grandes marcas o corporativos —esos que firman contratos jugosos con gobiernos y tienen nóminas kilométricas de abogados— no es tarea menor. Son como Goliats blindados, no sólo por bufetes, sino por relaciones, favores y publicidad institucional. Pero hay ocasiones en las que la balanza debe inclinarse sin titubeos hacia las víctimas. Este es uno de esos casos. Los pacientes, los médicos, los hospitales, no pueden quedar a merced del silencio cómplice.
Philips, esa marca que asociamos con estéticas minimalistas, luces tenues y productos de “calidad europea”, enfrenta acusaciones graves en varios países. En Estados Unidos, ya aceptó pagar más de 400 millones de dólares como compensación por el uso de estos dispositivos. En Francia, Australia y Canadá, las autoridades han emitido alertas sanitarias. ¿Y en México? Cofepris y la Secretaría de Salud han optado por el clásico “no pasa nada”.
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Según el reportaje de MCCI, Cofepris recibió desde 2021 más de 400 reportes relacionados con estos ventiladores, pero no se inmutó. Como si en lugar de posibles envenenamientos progresivos estuviéramos hablando de ventiladores de techo que hacen ruido.
La empresa Healthcare Systems México, que fue distribuidora de Philips, rompió el silencio. Denunció no sólo la falta de responsabilidad de la multinacional, sino su estrategia de desviar la atención: en vez de asumir el problema, acusaron a su ex socio de difamación. A pesar de eso, un juez civil de la Ciudad de México ya falló a favor de Healthcare, y condenó a Philips a pagar por incumplimiento. Pero esa es apenas una batalla en una guerra larga.
Más allá de lo legal, hay una dimensión ética que no puede esquivarse: si una empresa sabe que sus equipos están defectuosos y potencialmente dañan a personas, ¿cómo puede seguir vendiéndolos o permitiendo su uso? ¿Dónde quedó el principio médico de “primero no dañar”? ¿Aplica sólo a los doctores, pero no a las corporaciones que fabrican los instrumentos que ellos usan?
Este escándalo —porque ya lo es, aunque en México se diga en voz baja— revela varias capas de podredumbre: la negligencia de una empresa, el encubrimiento institucional, y el poder de la impunidad que recubre a las grandes marcas como barniz industrial.
En un país donde ya cuesta confiar en el sistema de salud, este caso puede ser la gota que rebalse la paciencia social. ¿Cuántos pacientes murieron sin saber que ese respirador que los “ayudaba” a vivir también los intoxicaba? ¿Cuántos médicos trabajaron confiando en un equipo que representaba una amenaza?
Las autoridades deben retirar esos ventiladores inmediatamente. No basta con conferencias. No basta con comunicados. La transparencia debe ser real, no un PDF colgado en una web burocrática. Cofepris tiene la obligación de informar cuántos ventiladores siguen activos, en qué hospitales están, y qué se va a hacer con ellos.
Y nosotros, los periodistas, tenemos la obligación de no soltar este tema. Así como no soltamos los escándalos de corrupción política, debemos ejercer el mismo rigor con las empresas que lucran con la salud. Philips debe dar la cara. Pero todas las instancias que permitieron que este peligro silente siguiera operando.
Este país no puede seguir respirando a través de ventiladores envenenados mientras sus instituciones respiran impunidad.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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