Respira
Por Sandra Romandía
“El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”, escribió Lord Acton. En un país como el nuestro, donde las instituciones que deberían garantizar la imparcialidad se ven infiltradas por los tentáculos del poder partidista, la frase del historiador británico resuena con una pertinencia inquietante. La autonomía institucional, ese concepto que supone un equilibrio entre los intereses públicos y la independencia del gobierno, se tambalea bajo el peso de conflictos de intereses que no sólo son evidentes, sino también descarados.
El jueves de la semana pasada, Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), fue nombrado secretario de la Consejería Jurídica del Gobierno de Sonora, liderado por el gobernador emanado de Morena Alfonso Durazo. Este cargo, cercano al poder ejecutivo estatal, marca un nuevo capítulo en la trayectoria de Piñeda Taddei, que ya había estado en el ojo del huracán mediático tras su fugaz aparición en la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel, abiertamente morenista, en Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En septiembre de 2024, publiqué en EMEEQUIS una nota periodística en la que revelamos que Piñeda Taddei había sido contratado como Secretario Auxiliar II en la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa. Con un sueldo mensual de más de 80 mil pesos, el joven abogado apenas había obtenido su cédula profesional unos meses antes, lo que lo inhabilitaba para el cargo según los requisitos establecidos por la propia Corte. La noticia desató una ola de críticas debido a la evidente cercanía entre la ministra Esquivel, conocida por su afinidad con Morena, y la familia Taddei.
El escándalo no tardó en escalar. Días después de nuestra publicación, la Suprema Corte eliminó de su página web toda referencia a la contratación de Piñeda Taddei. Documentos, registros e incluso su nombre desaparecieron como por arte de magia. Sin embargo, en EMEEQUIS conservamos las pruebas que demostraban no sólo su alta en el sistema interno, sino también que ya contaba con un correo electrónico institucional y formaba parte de los grupos de trabajo virtuales de la ponencia. Todo ello apuntaba a que su contratación no era un mero trámite en proceso, sino un hecho consumado.
Intrigados por este proceder, solicitamos información vía transparencia. La respuesta oficial fue un alarde de incongruencia: la SCJN argumentó que la relación laboral no se formalizó porque Piñeda Taddei no completó la entrega de documentos. Pero, ¿cómo se explica que su nombre apareciera en el organigrama, que tuviera un correo asignado y que incluso figurara en los registros de remuneración si su contratación no había sido oficializada? Fuentes internas de la Corte confirmaron que su baja fue una medida reactiva para mitigar el escándalo provocado por nuestro reportaje.
Este episodio no es más que otro eslabón en la cadena de conflictos de intereses que envuelve a la familia Taddei y su relación con Morena. Guadalupe Taddei, sorteada como la primera presidenta del INE en un ejercicio que buscaba dar apariencia de imparcialidad, tiene vínculos familiares que contradicen la narrativa de autonomía institucional. Su primo, Jorge Luis Taddei Bringas, fue el superdelegado del gobierno federal en Sonora. Su sobrino, Pablo Taddei, dirige la empresa estatal Litio Mx. Otra sobrina, Celeste Taddei, fue diputada local por Morena y ha trascendido que pronto habrá de integrarse al gobierno federal concretamente a la Secretaría de la Mujer. La lista sigue, dejando claro que el apellido Taddei es sinónimo de influencia política en Sonora.
El INE, diseñado para ser el árbitro imparcial de los procesos electorales, enfrenta un futuro complicado bajo la dirección de una presidenta cuyas conexiones personales y familiares generan dudas sobre su capacidad para mantenerse al margen de los intereses partidistas. Esto adquiere una gravedad mayor en el contexto de las elecciones judiciales de 2025, donde el INE será responsable de coordinar un proceso histórico para renovar al Poder Judicial. ¿Cómo confiar en un árbitro que parece jugar para uno de los equipos?
Hannah Arendt escribió que “la esencia de los derechos humanos está en la capacidad de exigir justicia”. Cuando las instituciones que deberían garantizar esa justicia son capturadas por intereses particulares, no sólo se erosiona la confianza pública, sino que se compromete el equilibrio democrático. La autonomía no puede ser un lujo ni un decorado; debe ser una realidad tangible. Porque cuando el árbitro electoral juega del lado de una de las partes, perdemos todos.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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