Por Pía Taracena Gout
Es bien sabido que en la agenda de la relación bilateral México–Estados Unidos existen tres temas principales, que parecen ser los únicos: migración, comercio y seguridad. Son los más sensibles, y están marcados por la incapacidad de muchos gobiernos —tanto estadounidenses como mexicanos— para encontrar soluciones que transformen la realidad.
Estos temas son importantes porque es en ellos donde mejor se evidencian los intereses nacionales de ambas naciones. Cuando en la dinámica bilateral los intereses prevalecen sobre el espíritu de cooperación (al menos por parte de uno de los actores), se vuelve más complejo encontrar un terreno común para resolver los problemas. Claramente, esa no ha sido la estrategia del presidente Trump. Cada uno de estos temas tiene su propia dinámica, construye su nivel de relación intergubernamental y representa distintos niveles de confianza y desconfianza para la negociación; pero en conjunto, moldean una visión estratégica de la relación bilateral.
Es claro que seguirle el paso a los dictados de Donald Trump ha sido difícil desde sus primeros días en el poder. Hasta ahora, podemos decir que su dinámica de acción-reacción parece más bien la de un niño pequeño que la de un hombre mayor con enorme poder de decisión.
En el tema migratorio, por ejemplo, queda claro que lo que menos le importa es buscar una solución al dilema que vive su país. Este problema no solo compete a México, sino que es un dilema global. En ese sentido, han sido pocas —muy pocas— las propuestas de la administración Trump para buscar siquiera una solución regional, y menos aún global. El tema sigue enmarcado en una visión de seguridad nacional, y las medidas contra los migrantes se han endurecido cada vez más.
La más reciente de esas medidas es la prohibición total a nacionales de 12 países, quienes ya no podrán entrar a Estados Unidos debido a que algunos de sus connacionales excedieron su estancia con visas vencidas. La evaluación fue hecha por el Departamento de Estado y el anuncio lo dio el presidente: prohibición total para Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. También se aplicó una restricción parcial para Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
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