Por Luciana Wainer
No, esta no es otra columna sobre la elección judicial. Tampoco es un análisis sobre el Poder Judicial ni las consecuencias de la reforma. Pero aprovechando la coyuntura que tiene en el centro de la discusión el accionar de las personas juzgadoras, vale la pena hablar sobre la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con el caso de Leonardo Poblete. Una historia que comienza con una entrevista de trabajo prometedora, se desarrolla con acciones violentas y discriminatorias y culmina con una resolución judicial del más alto tribunal del país y que puede —debe—sentar un precedente para el futuro.
“Yo postulo para el puesto de director legal en un banco internacional y, desde la entrevista de trabajo, noto algunas preguntas por parte del director general que me parecieron fuera de lugar. Pensé, en su momento, que las hacía para suavizar la entrevista. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que me di cuenta después que sí traían un trasfondo homofóbico”, asegura Leonardo en entrevista. Lo cierto es que, como suele ocurrir, el hostigamiento empezó de forma sutil y luego fue in crescendo. En ese momento, Leonardo y su esposo habían comenzado un proceso de adopción y fue exactamente eso, un año más tarde, lo que detonó que el acoso fuera constante entre sus compañeros e, incluso, entre sus superiores.
“Cuando les aviso que había llegado el momento y que iba a ser papá, ahí es donde empiezan todas las excepciones. Me dan la mitad de mi bono por un «error», me bloquean oportunidades de crecimiento, me humillan frente a mis compañeros y empiezan las burlas en reuniones”, dice Leonardo. Así estuvo varios meses hasta que la situación fue insostenible y decidió, en 2018, iniciar un proceso interno denunciando la discriminación. El resultado, sin embargo, no fue el que esperaba: la empresa reconoció los malos tratos, pero se escudó asegurando que eso era lo que se esperaba de un ejecutivo de su nivel. ¿Y por qué a los demás directores no los trataban como a mí?, les preguntaba Leonardo. Entonces, interpuso una queja en el CONAPRED (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación) y toda la corporación se volcó en su contra.
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