Por Luciana Wainer
El Congreso de la Ciudad de México y la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, están en omisión. No lo digo yo; lo dice la resolución del amparo 324/2024 que tengo en mis manos y que le da la razón a Silvana Carranza: la falta de legislación sobre el sistema de cuidados es contraria al artículo 9 de la Constitución de la Ciudad de México y al artículo vigésimo transitorio que obligaba al Congreso a expedir las leyes necesarias antes del 31 de diciembre de 2023. Esto, concluye la sentencia, viola sus derechos humanos y evidencia que “el Estado le ha fallado a las personas más vulnerables y; por ende, dicha omisión debe cesar”. Pero vayamos al principio.
Silvana Carranza es parte de un grupo de cinco mujeres activistas que se organizaron para presentar una serie de amparos estratégicos para obligar al legislativo local a revisar, discutir y expedir, de una vez por todas, las leyes necesarias para contar con un sistema de cuidados en la capital. Una bandera que ha sido abrazada por todos los partidos, levantada por la misma Jefa de Gobierno y que, sin embargo, lleva año y medio en falta desde el Congreso capitalino, a pesar de que ya se han presentado cinco iniciativas distintas que siguen arrumbadas en algún cajón. Las demandantes son mujeres que han vivido, en carne propia, las consecuencias de una falta de política pública que atienda y entienda los cuidados de una forma transversal otorgando, especialmente a quienes más lo necesitan, las condiciones necesarias para que los cuidados no recaigan en una sola persona ni sigan engrosando la lista del trabajo no remunerado que realizamos, principalmente, las mujeres.
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