Por Julieta del Río
Hasta el último día que sesionamos, seguiremos haciendo cumplir las leyes vigentes de transparencia. Por ello, en la primera sesión de Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), expuse un recurso e instruimos que Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V. (GAFSACOMM) entregara los contratos de Mexicana de Aviación con una empresa específica (Petrus Aero Holdings), así como con cualquier otra empresa con la que haya arrendado aviones.
Los contratos son de naturaleza pública como una obligación de transparencia. Esto tiene como objetivo garantizar que la autoridad actúe con claridad en los procesos de contratación de bienes o servicios, lo que significa transparencia en el uso y destino de recursos públicos.
El artículo 70 (fracción vigesimoséptima) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública obliga a las autoridades a publicar y actualizar información como concesiones, contratos, convenios, permisos y licencias.
Además, los artículos 60, 62 y 64 de la misma Ley establecen que las autoridades deben poner esta información a disposición en sus sitios web y en la Plataforma Nacional de Transparencia, actualizándola al menos cada tres meses.
En enero se realiza la carga más importante del año en términos de transparencia, ya que incluye datos de gasto del último trimestre de 2024, así como obligaciones semestrales y anuales. Gracias a ello, la sociedad puede saber qué hicieron sus autoridades, cuánto gastaron y en qué. También permite verificar padrones de beneficiarios de programas sociales, directorios, contratos, adjudicaciones y más datos.
Mientras exista el INAI, tendremos la responsabilidad de asesorar a quienes trabajan en las más de 7 mil unidades de transparencia del país para que publiquen correctamente esta información. En este periodo de transición, este tema deberá establecerse con claridad.
En este sentido, las y los mexicanos tienen derecho a saber sobre sus autoridades y las instituciones del Estado, incluida Mexicana de Aviación. Según reportes de prensa, esta aerolínea recibe presupuesto federal y en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) no se le cobran servicios aeroportuarios y comerciales. Su presupuesto para 2025 es de mil 140 millones de pesos.
En marzo de 2024, SAT Aero Holdings, antes conocida como Petrus Aero Holdings, presentó una demanda en un tribunal federal de Nueva York contra Mexicana de Aviación, reclamando daños y perjuicios por un monto de 830.5 millones de dólares, más 2.4 millones en costos. De acuerdo con notas periodísticas, los servicios contratados (adquisición de aeronaves y seguros, formación de pilotos y mantenimiento) no fueron pagados en su totalidad.
Mexicana ha señalado que en 2025 adquirirá 5 aviones (tipo Embraer E2) de una empresa brasileña y pretende adquirir 15 más entre 2026 y 2027. Sin embargo, recientemente se informó que dejará de realizar 8 de sus 18 rutas debido a procesos de revisión interna, lo cual también debe ser transparentado.
Acorde con medios nacionales, Mexicana aún está lejos de cumplir sus metas programadas, ya que en promedio transportó a solo 53 pasajeros por vuelo en 2024. La titular del Poder Ejecutivo ha mencionado que la aerolínea está en un plan de reestructura, pero asegura que no desaparecerá, ya que se consolidará como “la aerolínea de los mexicanos”.
Mientras exista el INAI, seguiré siendo Comisionada e instruyendo a que los sujetos obligados cumplan con sus obligaciones de transparencia, porque las y los mexicanos tienen derecho a conocer en qué gastan sus autoridades para evaluar con su propio criterio a sus gobernantes.
*Julieta del Río es comisionada del INAi
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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