Respira
Por Graciela Rock
Hace unos días trascendió en la política internacional el caso de un político español que dimitió como vocero de un partido de izquierdas en el Congreso de los Diputados tras verse inmerso en un aluvión de testimonios que lo acusaban de violencia machista, psicológica y sexual. Iñigo Errejón emitió un comunicado hablando del sistema machista, del agotamiento, de la contradicción entre el personaje público y la persona privada; habló de las violencias de las que se le acusa como algo que le hubiera sucedido a él y no como algo que él hubiese ejercido.
Más allá de las muchas capas de análisis que han surgido de este caso, y las que faltan por surgir, quiero rescatar un elemento importantísimo: el posicionamiento, casi inmediato, de su entorno político. A las pocas horas de que Errejón dimitiera, su grupo político, SUMAR, emitió un comunicado en el que señalaba que ante las denuncias en su contra -hechas inicialmente, de manera anónima, a través de las redes sociales- se había iniciado un proceso de investigación. El comunicado tiene varias fallas, pero al menos, existe, y con él, el inicio de un proceso de desahogo de responsabilidades, institucionales y morales, que permitieron que Errejón mantuviera una posición de poder.
Por la coincidencia temporal, es imposible no comparar la respuesta institucional frente a las acusaciones contra Iñigo Errejón en España con la ausencia de ésta en México frente a las acusaciones contra Jorge Islas López. A pesar de que existen quejas públicas, donde 16 mujeres pusimos nuestro nombre y reputación en riesgo, y a pesar de que existen quejas formales en los canales correspondientes, a día de hoy, no existe ninguna posición formal por parte de la Cancillería mexicana frente a las violencias de las que se acusa al ¿ex? Cónsul General de México en Nueva York, quien “declinó” la invitación de ser Coordinador General de Consulados en la Secretaría de Relaciones Exteriores.
A pesar de haber declinado, Islas López se rehúsa a asumir alguna responsabilidad en sus acciones, peor incluso, continúa llamando “mentiras maliciosas” lo señalamientos, a pesar de que sobre ellos existen registros formales en los archivos de la propia Cancillería, y varios documentos al respecto han sido hechos públicos en diversos espacios. Inclusive, algunos reportes indican que en días recientes regresó a Nueva York a ejercer, aún, como Cónsul General haciendo uso de personal y recursos de dicha representación, todo bajo el cobijo del silencio institucional.
El caso Errejón ha abierto una necesaria conversación sobre los liderazgos que un partido identificado como progresista, feminista y de izquierdas, quiere tener; sobre la expectativa de transparencia, responsabilidad y compromiso con los ideales que representa dicho proyecto político; sobre los protocolos y espacios de denuncia y atención a víctimas de violencia dentro de las instituciones. Lamentablemente esto no ha sucedido en México.
El caso Islas puede ser la oportunidad para que la Secretaría de Relaciones Exteriores abra un nuevo capítulo respecto a su compromiso con una verdadera Política Exterior Feminista, no sólo en foros y negociaciones, sino a través de un diálogo firme y transparente respecto a los fallos que permitieron la permanencia de un personaje como Jorge Islas en una posición de poder a pesar de los reportes. La Cancillería puede ser, si lo decide, ejemplo dentro del Gobierno de México, de que en esta administración no se tolerarán violencias ni se premiará a los violentos.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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