Respira
Por Georgina de la Fuente
La elección judicial fue declarada válida por el Instituto Nacional Electoral (INE) y, con ello, se han entregado las constancias de mayoría a candidaturas ganadoras. Pero en la mesa del Consejo General se dejó constancia de conductas sumamente graves que plantean una duda razonable, como lo señaló el consejero Arturo Castillo, con respecto de la validez de las elecciones. En 818 casillas de 25 entidades federativas se acreditaron irregularidades, de esas que no se escuchaban desde el siglo pasado.
En estas casillas se registró una votación del 100 por ciento o más de las y los electores; se contabilizaron boletas que no fueron extraídas de las urnas; se identificaron candidaturas con el 100 por ciento de los votos; y se indujo al voto de manera masiva mediante, al menos, 37 modelos de “acordeones” físicos y digitales. Estos últimos constituyen propaganda elaborada y distribuida con recursos prohibidos, beneficiando a 28 candidaturas en el ámbito nacional, como se puede constatar a través de la coincidencia entre el contenido de los acordeones y las personas ganadoras.
Esta duda razonable, que se da a partir de elementos indiciarios en la etapa de los cómputos, nos llama a una reflexión amplia sobre los elementos y jugadores de nuestra democracia electoral que permiten apuntar a una regresión en nuestros procesos electorales. Pero hay dudas razonables planteadas por otro actor relevante con respecto a etapas previas, cuyo análisis se ha soslayado y que tendría que considerarse en un análisis más exhaustivo de la integración y operación del nuevo Poder Judicial.
El pasado 6 de junio, la Misión de Observación Electoral desplegada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) liberó su informe preliminar. La mayoría de los comentadores y medios de comunicación destacaron una conclusión demoledora, que consistió en la recomendación a otros países de la región de no replicar este modelo de selección de personas juzgadoras. Se advirtió sobre falta de certeza para todos los actores, como se puede constatar en más de 300 acuerdos emitidos por el INE —órgano al que se le delegó provisionalmente la función normativa— para cubrir vacíos normativos en temas sustanciales. Advirtió, además, del modelo de comunicación excesivamente restrictivo que fue implementado, que no contribuyó a que la ciudadanía conociera lo que se estaba eligiendo ni a quienes se estaba eligiendo.
SUSCRÍBETE PARA LEER LA COLUMNA COMPLETA...
