Respira
Por Diana Murrieta*
Este lunes, México se presenta ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en la sede de Naciones Unidas en Ginebra. Se trata de un momento trascendental para el Estado mexicano que sucede cada cuatro años: debe explicar ante el mundo qué ha hecho —y qué no— para garantizar los derechos humanos de las mujeres y enfrentar la violencia de género que atraviesa cada rincón del país.
No se trata de una formalidad diplomática. Esta comparecencia forma parte de un compromiso internacional que exige rendición de cuentas, voluntad política y, sobre todo, respuestas concretas. La CEDAW, ratificada por México en 1981, obliga al Estado a eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres. Y cada cuatro años, este ejercicio de revisión pone a prueba si esas obligaciones se cumplen o se eluden.
Más allá del protocolo, este proceso tiene un impacto real: las conclusiones del Comité no solo reflejan la situación nacional, sino que pueden impulsar cambios internos, fortalecer el trabajo de la sociedad civil y dar fuerza jurídica y política a nuestras exigencias y a la protección de nuestros derechos.
Hoy estaré presente en Ginebra como parte de este proceso. Asisto con el firme propósito de entender y aprender; y con la esperanza de que el Estado mexicano actúe con sinceridad, responsabilidad y compromiso real, no solo ante la comunidad internacional, sino frente a las víctimas, sus familias y todas las mujeres que exigen verdad y justicia.
Lo que esperamos no es un informe repleto de logros y cifras maquilladas, sino un diagnóstico honesto. Porque el problema no es mostrar que existe violencia de género, sino seguir negándola, minimizándola o disfrazándola de éxito institucional. El verdadero desafío es combatirla desde sus raíces, prevenirla y proteger efectivamente a quienes la enfrentan todos los días.
En su décimo informe, México ha incluido referencias a leyes en pro de los derechos de las mujeres, programas que incentivan el sistema de cuidados, fiscalías especializadas y mecanismos de atención a las víctimas de violencia. Pero, más allá de la letra escrita, lo que se evalúa es si estas políticas están funcionando, si llegan a quienes más las necesitan, si salvan y previenen feminicidios o si solo llenan discursos.
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