Respira
Por Claudia E. de Buen Unna
Uno de los temas que más ha captado la atención de la ciudadanía es, sin duda, la reforma al Poder Judicial (PJ). En esta se integró una nueva institución a la que pocos han prestado atención: el Tribunal de Disciplina Judicial. Su confección no es casualidad.
Le antecede la indudable animadversión que el expresidente López Obrador tiene en contra del derecho, en el que no cree y lo hizo patente con su frase: “No me vengan con que la ley es la ley”, y aquella otra “Sí, al diablo con sus instituciones”, animosidad que tiene en contra de la abogacía y de los juzgadores —muchos de los cuales fueron aludidos en sus conferencias mañaneras—, denostando injustamente su trabajo y afectando de manera profunda su prestigio e imagen, porque claramente no hicieron lo que el mandatario les conminó a hacer a través de sus esbirros, sino que resolvieron con apego a derecho.
Diversos fueron los eventos que enfurecieron al expresidente, y ello nos llevó a pensar que esta reforma era producto de un capricho o de su enojo; sin embargo, con el paso del tiempo, se ha hecho evidente que la ruptura de éste con el PJ fue deliberada, en consonancia con la ideología del famoso Foro de Sao Paulo, con el que Morena comulga. Muy preocupante.
El cambio de gobierno fue una luz de esperanza para un importante sector de la población, que ilusamente creyó que la presidenta Claudia Sheinbaum generaría las condiciones para aplazar la Reforma Judicial y modificar sus términos. Se hicieron parlamentos abiertos, pero no cambiaron una coma. La esperanza fue efímera, pues la presidenta hizo suyo el proyecto, manifestando que la reforma va porque va, y el Congreso siempre obediente, con evidentes trampas para conformar la mayoría calificada, la aprobó y un ministro que la habría criticado, sorpresivamente la apoyó.
Para Morena, tener el control de los jueces es indispensable, aunque queda la duda de a quién realmente van a servir. Entonces se entiende el íntimo vínculo que el expresidente y la presidenta Sheinbaum crearon con Arturo Zaldívar, relación que fue floreciendo y fortaleciéndose con el paso del tiempo; López Obrador requería de su apoyo incondicional y lo obtuvo.
Debemos admitir que la estrategia del expresidente fue lapidaria y tramposa, pero efectiva y, lo peor, que no la vimos venir; se empezó a cocinar desde mucho tiempo atrás, con paciencia y dedicación. Los propios legisladores de Morena —en corto— reconocen que es una aberración jurídica.
Con esta, dos objetivos se lograron: el primero, elegir a los juzgadores por voto popular y con ello terminar con la carrera judicial y, lo segundo, crear un tribunal inquisitorio que someterá a los juzgadores a los intereses del Ejecutivo.
El mencionado tribunal sustituye al todavía existente Consejo de la Judicatura Federal. Se conformará por cinco magistrados que serán electos el 1º de junio, y su principal función es —supuestamente— garantizar que jueces, magistrados y ministros actúen con ética, profesionalismo y respeto a la ley. Dentro de sus funciones está la de investigar y sancionar las faltas graves que cometan los miembros del PJ. Tiene independencia técnica y de gestión para emitir sus resoluciones, las que serán definitivas e inatacables. Es un tribunal inédito que intimidará a los juzgadores y, en consecuencia, modificará la forma de impartir justicia. Olvidémonos de la ley, sus resoluciones serán acordes a los intereses del Estado y del partido en el poder. Por cierto, no tiene análogo en otros países.
La gran mayoría de los candidatos a este son gente incondicional a Morena y a la presidenta, aunque hay algunas honrosas excepciones.
Los miembros del PJ quedarán a expensas de este tribunal inquisitorio y de corte fascista, el cual decidirá si permanecen o no en su cargo sean acusados o se sospeche la comisión de alguna falta, e incluso, si merecen la cárcel. Así, los juzgadores vivirán siempre bajo la espada de Damocles; si no se alinean, serán sancionados.
No habrá más justicia que la que ellos impartan, porque ninguna autoridad podrá objetar sus resoluciones, ni siquiera procederá un juicio de amparo, lo que implica una franca violación a sus derechos humanos. Sabemos que el poder tiende a abusar del poder, y este tribunal no tendrá contrapeso alguno, así fue diseñado, para actuar a su conveniencia.
Y recordando al gran Gabriel García Márquez, la reforma constitucional del Poder Judicial podría llevar el nombre de aquel excelente libro, Crónica de una muerte anunciada; sí, la muerte del Poder Judicial, para convertirlo en un apéndice de la presidencia y de los grupos de poder, como han hecho con los órganos autónomos. DEP.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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