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Por Claudia E. de Buen Unna

Hemos venido analizando las elecciones del poder judicial, resultado de una reforma constitucional lograda por una mayoría artificial y, considero, ilegítima, tanto en el fondo como en la forma. Pero, siendo ya ley, en su cumplimiento, se organizó la primera elección “democrática” de jueces, magistrados y ministros. Su operación y los resultados han sido muy debatidos ante las evidentes trampas y la manipulación de votos y de urnas: la aparición de acordeones y su “coincidencia” con el resultado, votos planchados, acarreados, y más votos que votantes, solo por mencionar algunas. Tales argucias se apreciaron a simple vista: una elección totalmente inequitativa, mal diseñada, sesgada y que contó con la complicidad del Instituto Nacional Electoral (INE), con sus honrosas excepciones, 6 de los cuales denunciaron las graves irregularidades en la elección y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero esto ha sido materia de diversos análisis, tanto propios como de terceros. 

Pero, hoy la pregunta es: ¿qué hacer cuando surjan controversias entre particulares? Porque si son en contra del Estado, estaremos seguramente perdidos…

 Si bien siempre hemos recurrido a los juzgados, ahora tendremos un poder judicial de eficiencia y honestidad dudosas, con juzgadores inexpertos, movidos probablemente por intereses políticos o económicos más que jurídicos; desde luego, habrá muchos que marquen la diferencia, y estén comprometidos y bien preparados, pero hoy, es una gran incertidumbre. Las consecuencias serán brutales, al tiempo… 

Este panorama, lejos de producir confianza en la población, provoca sensación de vulnerabilidad, incide directamente en la pérdida de la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros y provoca un sentimiento generalizado de pérdida del equilibrio entre los poderes y de la autonomía. Es claro que el Estado de derecho está en vilo.

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