Por Ariadna Camacho Contreras
El acoso sexual, el hostigamiento sexual y la violencia en el ámbito laboral son problemáticas de carácter estructural que impactan de manera considerable en el bienestar y el rendimiento de las personas trabajadoras en los distintos sectores de nuestro país. Así lo revela la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, que indica que el 27.9 % de las mujeres que han trabajado alguna vez en su vida han sufrido violencia en el ámbito laboral. En este contexto, las instituciones del sector público no están exentas de esta lamentable situación.
En el caso particular del Poder Judicial de la Federación (PJF), en los últimos años se ha revelado la existencia de prácticas sistemáticas de violencia de género, abuso de poder y relaciones jerárquicas que generan un ambiente laboral hostil y poco propicio para la justicia y la igualdad sustantiva.
Hablamos de acoso sexual cuando se presentan conductas de índole sexual sin consentimiento (verbales, físicas o simbólicas) que originan un ambiente hostil o intimidante, sin necesidad de que exista una relación jerárquica y están presentes de forma cotidiana; mientras que el hostigamiento sexual sucede cuando el tipo de acoso ocurre dentro de una relación jerárquica, en donde el agresor se aprovecha de su posición de poder para obtener favores sexuales.
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