Por Alexa Castro
La toma de protesta del presidente Donald Trump el pasado 20 de enero marcó un claro mensaje: el compromiso de cumplir sus polémicas promesas de campaña, incluidas las deportaciones masivas como respuesta a la "emergencia" en la frontera sur de EUA. El segundo mandato llega más fuerte que nunca, respaldado por un gabinete alineado con su visión migratoria, una mayoría legislativa de los republicanos y una victoria por voto popular no obtenida en 2016.
En las primeras horas de su administración, Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas. Entre ellas destaca la orden titulada "Protección del pueblo americano contra la invasión", que establece un plan para llevar a cabo deportaciones masivas tan lejos como le permita la ley. Durante su discurso inaugural, el presidente calificó la migración irregular como una "invasión desastrosa", que se ha convertido en un mensaje clave de este nuevo gobierno.
Los mexicanos son el grupo más numeroso de inmigrantes en Estados Unidos y por ende, también son el grupo más significativo de inmigrantes no autorizados. Los más de 5 millones de connacionales con este estatus migratorio son el objetivo principal de las políticas de la nueva administración por lo que resulta oportuno preguntarnos ¿Está nuestro país preparado para recibir a miles, o incluso millones, de mexicanos deportados?
A nivel federal, instituciones como el Instituto Nacional de Migración (INM) operan con recursos limitados, de acuerdo a México, ¿cómo vamos? en 2024 el presupuesto ejercido hasta noviembre de 2024 fue casi 15 veces superior al aprobado. Considerando que este instituto tendrá una labor extensa al atender el proceso burocrático de todos los inmigrantes deportados, los 1,700 millones aprobados para 2025 resultan insuficientes. De igual forma, medidas anunciadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum como “México te abraza” ofrece afiliación al IMSS, becas y transferencias monetarias que no tienen un sustento fiscal para ser implementadas.
La devolución de millones de connacionales tendrá impactos diferenciados a nivel estatal, determinados por las condiciones económicas y sociales de cada región. De acuerdo al Índice de intensidad migratoria México-Estados Unidos 2020 elaborado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), entre las entidades que registran intensidad migratoria
muy alta y alta se encuentran: Zacatecas, Michoacán, Nayarit, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes y Oaxaca.
Ante el regreso inminente de mexicanos, es pertinente analizar las condiciones de progreso social y del mercado laboral en estas entidades a manera de evidenciar la situación actual y los retos que les esperan en la reintegración de connacionales. Para el análisis anterior, se plantea un escenario hipotético donde las personas devueltas por Estados Unidos regresan a las entidades con mayor intensidad migratoria según la CONAPO.
De acuerdo al Índice de Progreso Social (IPS) 2024 de México, ¿cómo vamos?, las entidades con mayor intensidad migratoria se encuentran en los últimos 20 lugares del ranking del IPS lo que refleja desafíos significativos en seguridad personal, acceso a educación, y en casos como en el de Oaxaca, en vivienda, salud y bienestar. Esto coincide con el principal motivo de migración: la búsqueda de una mejor calidad de vida. Sin acciones estatales que prioricen estos problemas, el regreso de connacionales podría agravar las condiciones existentes.
Entre las entidades antes mencionadas, destaca el caso de Aguascalientes que es la segunda entidad con mayor progreso social evidenciando que tener infraestructura social no es suficiente. Las personas también migran por mejores oportunidades laborales y esta entidad -al igual que muchas otras- tiene un índice significativo de pobreza laboral y una generación de puestos de trabajo formal baja. El reto principal para entidades como Aguascalientes será fortalecer su capacidad de generar empleos dignos y suficientes para evitar una mayor presión sobre su economía local.
Para las entidades con alta intensidad migratoria, la disminución significativa de remesas generará pérdidas de dinamismo y estragos en las economías locales dado que las remesas generan un mayor gasto de los hogares. Un aspecto importante es la creciente participación de las mujeres como remitentes de remesas. De acuerdo al Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) entre 2021-2022, las mujeres participaron un 32.9% en el número de remesas enviadas a México. Sin embargo, esta contribución contrasta con las persistentes desigualdades que enfrentan en el mercado laboral mexicano como ingresos más bajos lo que sin duda afectará los niveles de gasto de los hogares.
Los ataques del presidente Trump a México serán una constante durante los próximos cuatro años. Actualmente, nuestro país no está preparado para recibir a connacionales deportados sin que esto ocasione estragos en la economías locales y en la nacional. Los retos en las entidades con alta intensidad migratoria ejemplifican que las estrategias más urgentes son en temas de seguridad y mercado laboral. Sin un enfoque regional, se tiene el riesgo de gastar recursos fiscales limitados en medidas ineficientes que castiguen aún más la calidad de vida de los mexicanos.
Medición del desempeño social en las entidades del país y es independiente de factores que miden ingreso o gasto.
*Analista económica en México, ¿cómo vamos?
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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