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Por Alejandra Olay Rodríguez

Un tema preocupante que se vive en Sonora es la omisión e inacción sobre las denuncias y quejas respecto a la violación sistemática y sostenida al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, por parte del titular del organismo que, paradójicamente, se encarga de proteger y promover los derechos humanos en Sonora.

 

Conscientes de lo que significa nuestra voz pero también del costo que tiene señalar a una autoridad que parece intocable, el pasado 27 de noviembre cinco mujeres firmamos y entregamos una carta al Congreso del Estado de Sonora para exigir la revisión exhaustiva de las diversas denuncias y quejas presentadas hace más de un año ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), sobre actos de hostigamiento sexual, laboral y discriminación por parte de su presidente, Luis Fernando Rentería Barragán.

 

En esta carta, enviada a todos los diputados de la LXIV Legislatura, se dejó claro que ésta exigencia también es en nombre de otras mujeres ex trabajadoras de la CEDH Sonora que han decidido mantenerse en el anonimato por miedo a que les pase algo a ellas o a su familia y a que continúe el descrédito del que han sido objeto después de salir de la institución. El documento incluye copias de renuncias donde algunas ex empleadas dejaron asentado el hostigamiento laboral que sufrieron;algunas fueron presentadas al OIC y otras han sido hechas del conocimiento público para visibilizar dichas violencias.

 

Yo fui víctima del hostigamiento laboral ejercido por el presidente de la CEDH Sonora. El 31 de agosto de 2024, unos días después de presentar mi renuncia, publiqué mi columna bajo el título de Sororidad: “Hace poco me tocó enfrentar dinámicas laborales que no parecían malas: que no me vieran aunque estuviera ahí; que ignoraran mis ideas; que la persona con la que precisamente debía hablar para lograr objetivos comunes, se negara a dialogar conmigo; que infravaloran mi experiencia asumiendo que sabían lo que evidentemente no dominan; que mi jefe directo me mirara con desprecio y fuera irónico en sus mensajes”. El efecto de estas palabras resonó con fuerza en otras mujeres –y también en algunos hombres– que habían trabajado en la Comisión. Y entre likes, comentarios y experiencias compartidas nos dimos cuenta que las violencias que habíamos sufrido obedecían a un patrón de conducta sostenido en el tiempo por parte de una sola persona: su presidente.

 

Durante las últimas dos semanas, las mujeres firmantes hemos denunciado en diversos medios de comunicación los actos ejercidos por este abogado que no había tenido una posición de poder ni la responsabilidad de coordinar un equipo de poco más de 70 personas. Un plantilla laboral que a lo largo de sus 3 años de gestión ha tenido una fluctuación inusitada: 33 mujeres que ocupaban puestos clave han salido del organismo en ese lapso de tiempo. Curiosamente, en su defensa el ombudsperson ha preferido hablar de resultados notables, “nunca antes visto” en los 32 años de esta comisión y acusa a las ex empleadas de presentar bajos indicadores lo cual contradice su discurso sobre logros históricos.

 

Considero que es un mensaje erróneo que el actual presidente de la CEDH Sonora pretenda anular nuestra voz recurriendo a una retórica gerencial sobre el desempeño de las personas que llegaron a esta institución con el compromiso de abonar en la defensa y protección de los derechos humanos.

 

Esta denuncia colectiva se suma a otros señalamientos que se realizaron a pocas semanas de su toma de protesta en marzo de 2022 relacionados con casos de hostigamiento laboral y presiones de todo tipo para forzar renuncias del personal y despidos que se litigan en tribunales laborales.

 

En el arranque de la tercera semana de esta petición al Congreso del Estado de Sonora, las cinco mujeres firmantes, todas con destacadas trayectorias en la academia, el activismo y el periodismo, hemos recibido la invitación de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos “para escuchar las problemáticas que se suscitan al interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos”.

Aún con el nervio a flor de piel por lo que ha implicado salir a los medios y poner en riesgo oportunidades de trabajo, mantenemos la exigencia de que el Congreso del Estado revise y analice estas denuncias y que se impulsen las acciones correspondientes para que no haya más impunidad ni se revictimice a las personas afectadas.  

 

La carta está firmada por Leyla Acedo Ung, ex Secretaria Ejecutiva; Erica Salinas Castillo, ex Directora de Derechos Sexuales y Reproductivos; María Luisa Alatorre Castañeda, ex Directora de Derechos Sexuales y Reproductivos; Alejandra Olay Rodríguez, ex Directora de Comunicación Social y Michelle Félix Velarde, ex Coordinadora de Redes y Medios.

 

Todas hemos pedido acompañamiento adecuado a las víctimas, y que haya garantía de no repetición para el personal que aún labora dentro de la institución, particularmente mujeres.

 

Las quejas se siguen acumulando como una bola de nieve. ¿Serán eficientes los mecanismos de defensa de los derechos de las mujeres una vida libre violencia? ¿Cuándo y cómo se actuará al respecto?

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