Adela Navarro

Coordinados, no; subordinados, definitivamente

Resultados positivos en la realidad criminalizada de México, no hay.

Por Adela Navarro Bello

Fue en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa cuando se instauró el aparato de supervisión, control y evaluación para las corporaciones policiacas en México. Con un clima de inseguridad y violencia creciente, apabullante ante la presencia en muchos de los estados de los cárteles de la droga, muchas de las policías locales, municipales, estatales y federales con presencia regional, estaban harto infiltradas por el narcotráfico.

Policías, comandantes, agentes, operativos, de inteligencia y otros estaban en las nóminas de los cárteles y eran quienes proveían de información sensible para su ubicación a los capos y lugartenientes de células, para que éstos pudieran huir a tiempo y mantener la impunidad que, dicho sea, al día de hoy prevalece aún en escenarios de criminalidad y corrupción distintos.

En el segundo sexenio panista en la República Mexicana, llegaron a la conclusión que, para combatir a los cárteles de la droga de manera adecuada y directa, lo primero que debían hacer era depurar las corporaciones locales. Erradicar los lazos corruptos entre policías y criminales identificando a quienes los tenían para separarlos o neutralizarlos en las corporaciones de prevención, investigación, combate y ministeriales.

Fue con ese razonamiento oficial que, aun cuando sin modificación de leyes para ello, se encomendó por primera vez al Ejército Mexicano la realización de tareas de las policías civiles: prevenir el crimen, combatir al narcotráfico, aprehender a criminales.

La premisa era que aquella medida resultaba de la emergencia de no abandonar las tareas de seguridad, en tanto las corporaciones policíacas de los tres órdenes de gobierno atravesaban por una depuración. Así se instauraron las Evaluaciones de Control y Confianza que realizarían las secretarías de Seguridad tanto federal, por entonces titulada por el hoy preso por narcotráfico Genaro García Luna, y en las respectivas dependencias en las entidades federativas.

Tales exámenes, que con el tiempo se fueron consolidando y hoy día es necesario aprobarlos para integrar cualquier fuerza de seguridad civil, sea Guardia Nacional, Policías Ministeriales, Judiciales, municipales e incluso los mandos de éstas, así sean de origen militar o civil, contemplan cinco áreas de evaluación: exámenes médicos, toxicológicos, psicológicos, prueba de polígrafo, análisis del entorno social y de la situación patrimonial.

Con la aplicación de esos cinco estudios, la autoridad tiene por objetivo identificar a personas que estén en capacidades plenas de combatir al crimen, y también a aquellos que fuera de los rangos, les sea detectada una inclinación hacia la comisión de delitos, porque han tenido ya relaciones mafiosas o corruptas que se detectan en el polígrafo, porque no están capacitados o, es evidente, dada su situación patrimonial, no acorde al salario oficial de un policía, que reciben dinero externo para su desarrollo personal o porque tienen relación con grupos criminales.

Aunque la aplicación de esos exámenes persiste, en el sexenio de Calderón no lograron erradicar la corrupción de las corporaciones civiles federales y locales, y en el del priista Enrique Peña Nieto, aquella situación de emergencia se relajó, y aun cuando los militares fueron regresados a los cuarteles y la seguridad devuelta a los estados, la corrupción seguía ahí, a tal grado, que cuando Andrés Manuel López Obrador toma posesión de la Presidencia de México, una de sus primeras acciones fue conceder mayor facultad a los militares, en los que confió ciegamente, para el combate a la inseguridad. Desmanteló hasta erradicar a la Policía Federal, ciertamente una de las más corruptas en la historia reciente, y creó la Guardia Nacional, con soldados entre sus miles de integrantes; al tiempo que en los estados donde pudo hacerlo conforme su partido fue ganando elecciones estatales, impuso a los secretarios de Seguridad y en algunos casos a los fiscales estatales (también les daría autonomía), con altos mandos del Ejército sea ya en el retiro, o para ello comisionados ex profeso.

Esa política también persiste, y ya con una Ley que les confirió la facultad para ejercer labores que antes correspondían a estados, municipios y corporaciones civiles, poco a poco los militares se han ido asentado en las áreas de seguridad en las entidades federativas, pero no para coordinar esfuerzos, sino para imponer políticas.

Hace unos días, en uno de los municipios más pequeños, pero con un alto índice de inseguridad y violencia en Baja California, como lo es Tecate, el General asignado como secretario de Seguridad Ciudadana del Estado, Leopoldo Aguilar Durán, relevó a toda la Policía Municipal.

So pretexto de certificarlos, es decir, someterlos a Exámenes de Control, Evaluación y Confianza que ahora realiza la Fiscalía General del Estado y no la Secretaría de Seguridad, como cuando inició el proceso en el sexenio calderonista (al menos en Baja California), los municipales fueron retirados de sus tareas preventivas y sus lugares ocupados por policías de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, los mal afamados FESC, por cierto, quienes junto al Ejército encabezaron el operativo para detener al señalado narcotraficante Pablo Edwin Huerta Nuño alias El Flaquito, de la organización de Arellano Félix, de quien ZETA informó, el soborno de 300 mil dólares a las fuerzas que debían detenerlo para huir de nueva cuenta y mantener, como hasta ahora, la impunidad.

No es la primera ocasión que en estos gobiernos de Morena en Baja California, el General Aguilar releva a policías municipales, ya lo hizo en una ocasión en el Valle de Mexicali, donde no disminuyó ni ha disminuido la inseguridad con tal ocupación estatal.

Pese a no tener elementos de resultados satisfactorios para proseguir con el relevo de policías de nivel municipal por parte de agentes del orden estatal, siguen aplicando la medida. Cuando los Exámenes de Control, Evaluación y Confianza son una medida que se aplica de manera sistemática a todos los agentes de cualquier corporación del país, es decir, no es pretexto aplicárselos a toda una corporación al mismo tiempo, cuando si se cumple con la Ley y el calendario, de manera constante los elementos son evaluados precisamente para estar en una verificación continua y evitar su participación en el crimen.

La toma de corporaciones municipales como sucede en Baja California y la designación de militares o marinos como titulares de Seguridad en municipios y estados, tal como ocurre en aquellas entidades gobernadas por políticos emanados de Morena (la enorme mayoría), parece más un acto de subordinación de la autoridad local ante la militar, que una política pública de coordinación para combatir entre todas las fuerzas al crimen organizado y el narcotráfico.

La prueba es que, a la fecha, resultados positivos en la realidad criminalizada de México, no hay.